Frenan por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

A través de una resolución judicial que sienta un fuerte precedente, la Justicia bonaerense ordenó suspender por un plazo de 60 días la entrada en vigencia de la Ley Nacional N.° 27.801 —que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil— dentro del territorio provincial. La medida alcanza a todos los adolescentes privados de su libertad ambulatoria en la jurisdicción y frena momentáneamente la baja de la edad de imputabilidad.

La determinación fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tras hacer lugar a un habeas corpus preventivo de carácter colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

En los considerandos de la resolución, la magistrada fundamentó su postura en la doctrina del principio precautorio aplicable a la niñez y la adolescencia. Según argumentó, la implementación automática de la reforma —que amplía la persecución penal a jóvenes de 14 y 15 años y endurece las pautas para dictar detenciones y prisiones preventivas— provocará un marcado crecimiento en la población carcelaria juvenil que el sistema estatal actual no está en condiciones de absorber.

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Pascual advirtió que la ejecución de la norma, sin un esquema previo de adecuación generaría una vulneración "grave, actual o inminente" de garantías y derechos fundamentales. Para graficar el déficit, la jueza tomó como referencia la situación del Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, establecimiento que ya contaba con un cupo restrictivo de 60 plazas debido al incumplimiento de estándares básicos de habitabilidad.

Si bien el fallo reconoce avances en el suministro de agua, alimentos e infraestructura básica, subraya la persistencia de graves falencias en materia de talleres de oficio, acceso a la educación formal, reinserción sociolaboral y esquemas prolongados de aislamiento. La jueza remarcó además el impacto de esta problemática en la seguridad pública, al señalar que la sobrepoblación y el encierro degradante retroalimentan los niveles de conflictividad y violencia con los que los jóvenes egresan a la comunidad.

Junto con el dictado de la suspensión por dos meses, el fallo notifica de manera directa a tres carteras estratégicas del Poder Ejecutivo bonaerense para que coordinen los mecanismos de cumplimiento con el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y

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Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Asimismo, la magistrada fijó una audiencia presencial para el próximo 16 de septiembre a las 10, a desarrollarse en la sala de juicios orales de los tribunales de Lomas de Zamora. En esa instancia, las autoridades de las áreas gubernamentales convocadas deberán detallar el plan de contingencia, los plazos de ejecución y las partidas presupuestarias previstas para acondicionar los dispositivos penales de la provincia.

Fuente: El Esquiú

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